Desde la llegada del gobierno de Javier Milei, los derechos laborales en Argentina están atravesando una transformación profunda. En entrevista con MAÑANAS EN ORSAI, el abogado laboralista y Concejal por Unión por la Patria, Jorge Chapu Fernández, analizó los principales cambios introducidos por el DNU 70/2023 y la Ley Bases (Ley 27.742), y alertó sobre las consecuencias que estas medidas tienen para la clase trabajadora.
“Estamos ante una de las reformas laborales más regresivas desde el retorno de la democracia”, afirmó Fernández, destacando el impacto directo que estas modificaciones tienen sobre la seguridad jurídica y los derechos de los trabajadores. El análisis punto por punto:
Principales puntos de la reforma:
- Fin de las sanciones por empleo no registrado:
El nuevo marco elimina las indemnizaciones agravadas para casos de empleo en negro o mal registrado. “Lo que hace el DNU es eliminar cualquier castigo al empleador que incumple. Hoy, tener trabajadores no registrados no tiene consecuencias legales importantes”, explicó el abogado. - Período de prueba de 12 meses:
El período de prueba, que antes era de tres meses, se extendió a un año. “Durante ese tiempo, el empleador puede despedir sin pagar indemnización. Esto desprotege totalmente al trabajador”, sostuvo Fernández. - La figura del «colaborador independiente»:
Se permite contratar hasta cinco personas bajo esta figura, sin relación de dependencia. “Legaliza el fraude laboral. Es una manera elegante de llamar al monotributismo forzado”, criticó. - Cambios en la indemnización por despido:
Ya no se incluye el aguinaldo en el cálculo indemnizatorio, a pesar de que antes se contemplaba por jurisprudencia. “Es otro recorte encubierto que afecta directamente el bolsillo del trabajador despedido”, aseguró. - Fondo de cese laboral opcional:
El nuevo régimen propone reemplazar la indemnización tradicional por un fondo de cese laboral, similar al que utiliza la UOCRA. “La duda es quién lo financia: si lo paga el empleador, es una previsión válida; si lo paga el trabajador, es otro ajuste más”, advirtió. - Destrucción de empleo formal:
Fernández alertó sobre un deterioro del empleo registrado: “Desde diciembre a hoy, se perdieron más de 124.000 puestos de trabajo formales en el sector privado. Eso no es crecimiento, es ajuste”. - Clima judicial adverso:
Además, observó un cambio en la interpretación de las normas: “Algunas cámaras laborales están diciendo que las indemnizaciones agravadas son ‘penas privadas’, lo que va en contra de la doctrina establecida y beneficia claramente a los empleadores”.
Una reforma con trasfondo ideológico
“No hay ningún estudio serio que diga que los derechos laborales generan desempleo. Esta reforma no tiene base empírica, es ideología pura”, concluyó Fernández.
