Este martes, dirigentes provinciales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) arribaron a Bragado para participar de la negociación paritaria con el Ejecutivo Municipal. En una conferencia de prensa, los representantes sindicales expresaron su preocupación por la demora en la convocatoria de la segunda reunión de paritarias, que según manifestaron, no tiene explicación clara.
Adrián Lavallen, de ATE local, destacó la importancia de la discusión salarial y la presencia de referentes provinciales para seguir de cerca el proceso. En la misma línea, Juan Murgia, secretario general de ATE Buenos Aires, subrayó que las paritarias no solo abordan aumentos salariales, sino también las condiciones laborales de los trabajadores municipales. Además, denunció el impacto de la situación económica nacional en la provincia, señalando que la reducción de recursos afecta directamente a los municipios y sus empleados.
Sin embargo, la jornada de negociaciones dio un giro inesperado cuando el Ejecutivo Municipal decidió suspender la reunión pactada para la tarde. La decisión se produjo tras un paro sorpresivo de 24 horas realizado el pasado viernes en el centro de salud de O’Brien, lo que generó sospechas de una posible injerencia de sectores gremiales o políticos en la medida de fuerza.
Desde el Frente Gremial Municipal manifestaron su preocupación por la interrupción del proceso de negociación y temen que la demora en la reanudación de las conversaciones provoque que los aumentos salariales sean percibidos recién el próximo mes.
La suspensión de la negociación paritaria en Bragado refleja las tensiones existentes entre los trabajadores municipales y el Ejecutivo en un contexto económico crítico. El derecho de los trabajadores de mantener las paritarias abiertas y garantizar aumentos salariales acordes a la inflación choca con la dificultad de los gobiernos municipales para administrar sus recursos, en medio de un escenario de ajuste y reducción de fondos por parte del gobierno nacional.
Suspender las negociaciones por ejercer el derecho a huelga, refleja la escalada represiva que se sufre en este contexto. La falta de un diálogo fluido y la creciente conflictividad laboral podrían agravar la situación, afectando no solo a los empleados municipales, sino también la calidad de los servicios públicos que desde ese espacio se brinda a la comunidad.